[nettime-lat] [ATTAC] INFORMATIVO 123 - SIN MOVIMIENTO SOCIAL NO HAY POLÍTICA SOCIAL

["Grano de Arena" <informativo@attac.org>]

EL GRANO DE ARENA
Correo de información ATTAC n°129
Miercoles, 06/03/2002
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En este número

1.- El sistema monetario y financiero internacional a la deriva: En
el nuevo marco de la globalización financiera, los IFI se han
convertido en instrumentos que contribuyen a imponer, a menudo con la
complicidad táctica y resignada de los estados nacionales, políticas
de privatizaciones y de liberalización de los mercados detrás de
planes de ajuste estructural

2.-  Sin movimiento social no hay política social: la cuestión es
saber cómo movilizar las fuerzas capaces de llegar a este fin y a qué
instancias pedirles el trabajo de movilización. Un artículo de Pierre
Bourdieu.

3.- Tribunal Internacional de los Pueblos sobre la Deuda: Por
iniciativa de la Red Internacional Jubileo Sur junto con la Campaña
Jubileu Sul Brasil, la Asociación Americana de Juristas, el Comité por
la  Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, Kairos- Canada, Jubilee
USA Network, Alianza de los Pueblos del Sur Acreedores de la Deuda
Ecológica, Ustawi y la Marcha Mundial de Mujeres, entre tantas otras,
se reunió, en Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, como parte del
II Foro Social Mundial, el Tribunal Internacional de los Pueblos sobre
la Deuda.

4.-  La Tasa Tobin es realizable: Informe del Ministerio de Desarrollo
alemán




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1.-  El sistema monetario y financiero internacional a la deriva
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ATTAC-Québec
(extracto)

La actual situación - caracterizada por la inestabilidad financiera,
la brutal caída de los precios de las materias primas procedentes de
los países en vías de desarrollo, la creciente profundización de la
brecha entre países ricos y países pobres por una parte y los
poderosos y la mayoría de la población en el seno de los países,  por
otra parte - es el resultado de las orientaciones establecidas desde
hace mucho tiempo y reconfirmadas en los últimos decenios por los
actores económicos mundiales, en primer lugar los países miembros del
Grupo de los 7.

El funcionamiento del sistema monetario internacional no ha cesado de
degradarse en las últimas tres décadas. Los acuerdos de Bretton Woods
(1944) tenían por objeto evitar los extravíos monetarios de los años
treinta, elaborar un sistema menos rígido que el del "patrón oro",
estabilizar las tasas de cambio y financiar la reconstrucción y el
desarrollo. A partir de dichos acuerdos se crearon las

Instituciones Financieras Internacionales (IFI) ligadas al sistema de
las  N.U. para lograr el doble objetivo de alcanzar la estabilidad
monetaria (Fondo Monetario Internacional - FMI) y el financiamiento
del desarrollo (Banco Mundial -FM). Una importante primera ruptura
acontece en 1971. Enfrentados al permanente déficit de su balanza de
pagos y a la especulación sobre su moneda, los EEUU deciden poner fin
a la convertibilidad del dólar en oro. El dólar se convierte así en el
patrón del sistema monetario internacional sin ningún respaldo como
contrapartida: se abre así la puerta al endeudamiento ilimitado de los
EEUU. En 1973 se produce la segunda mayor ruptura, las tasas de
cambios de las monedas principales se convierten en flotantes.

Hacia fines de los 70, los créditos bancarios privados comienzan a
convertirse en la principal fuente de financiamiento. Los flujos de
capitales se hallaban aún orientados en sentido Norte - Sur, pero
respondían ya a las necesidades de los países del Norte: los créditos
acordados les permitían reciclar los petrodólares y contemporáneamente
expandir sus exportaciones, después de la crisis 1974-75.

Tales créditos bancarios privados  tienden así las redes en que la
mayor parte de los gobiernos van a naufragar - créditos fácilmente
acordados aunque con contratos que imponen intereses variables y cuya
peligrosidad, por falta de experiencia,  la mayoría de ellos,  no
supieron medir.

La deriva del sistema financiero internacional en tanto sistema de
financiamiento del desarrollo, se produce en 1980-81. Con el
movimiento de liberalización financiera lanzado por el presidente de
los EEUU y la primera Ministra Margaret Thatcher, se franquea una
nueva etapa

Se instala la "dictadura" de los "acreedores": liberalización y
desregulación de los movimientos de capitales, titularización de la
deuda pública de los países desarrollados, Estados Unidos a la cabeza
y  la política monetaria de la Reserva Federal de los EEUU, provocan
una suba de las tasa de interés que pasan del 1,5 al 2% y del 8 al
10%.

El G7, pacto de los principales países industriales impone el dogma
del Consenso de Washington, surgido de la liberalización de los
cambios y de los capitales, las privatizaciones y la primacía otorgada
a los mercados financieros y a las inversiones internacionales. Se
sabe lo que sucedió: crisis de la deuda, "década perdida" en América
Latina  y en muchos otros países del mundo comenzando por Africa. El
nuevo marco de la globalización financiera, los IFI se han convertido
en instrumentos que contribuyen a imponer, a menudo con la complicidad
táctica y resignada de los estados nacionales, políticas de
privatizaciones y de liberalización de los mercados detrás de planes
de ajuste estructural.

En 1990 se franquea una nueva etapa. Los créditos bancarios han
retrocedido en importancia con relación a las colocaciones en acciones
y en obligaciones sobre los mercados emergentes que se vuelven, cada
vez más, tributarios de vaivenes especulativos que engendran un alza
artificial, en una primera etapa, de las cotizaciones y luego el
desmoronamiento, con las conocidas consecuencias económicas y sociales
sobre las poblaciones involucradas. Por iniciativa del G7 y de los
Estados Unidos, luego de las crisis mexicana, rusa y asiática, se
propone  una "nueva arquitectura financiera internacional" .

Se encarga al FMI poner en marcha los principios definidos por Robert
Rubin, secretario del Tesoro de los EEUU. Principios que consolidan la
precedente evolución y que tratan esencialmente de mejorar la
información sobre los mercados financieros emergentes para los
inversores privados, con el objeto de incrementar su papel.
Nuestra crítica a las instituciones financieras internacionales

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están ampliamente
desacreditados. Consignamos una triple crítica:

-Las dos instituciones, nacidas de Bretton Woods se han ido alejando
progresivamente de sus funciones iniciales para convertirse en
instrumentos a través de los cuales el mercado financiero
internacional impone a los países dependientes y endeudados  sus
preceptos organizativos: el ajuste estructural.

-Los IFI han sido utilizados para vaciar de sus contenidos a
instituciones como el CNUCED o el PNUD - que dependen de las UN - y
cuyos principios son a priori más democráticos puesto que no se basan
en el principio "un dólar, un voto".

-Los IFI han impuesto políticas contrarias a las exigencias de un
verdadero desarrollo privilegiando el pago de la deuda y la apertura a
los capitales en detrimento de otros objetivos. Estas políticas han
derivado en graves fracasos: crisis repetitivas y aumento de las
desigualdades sociales.

Proponemos reformar profundamente los IFI, es decir poner en tela de
juicio la naturaleza misma de los poderes que se expresan a través de
estas instituciones y en consecuencia la lógica que define su
accionar. Esta postura se opone, por una parte a los ultra-liberales
cuya posición refleja ell informe Meltzer y que desean reducir al
máximo las regulaciones públicas internacionales y por otra parte a
los que quieren fortalecer a los IFI de Bretton Woods, tal y como
están funcionando actualmente, marginando las reformas.

Una lógica nueva para la economía mundial y para las IFI

La reforma de las IFI debe inscribirse en el marco más global de una
reforma financiera internacional basada en nuevos principios. La
mundialización no es en sí misma un proceso criticable en la medida en
que genera intercambios de todo tipo entre los pueblos del orbe. Lo
que es inaceptable , es la actual lógica  de la mundialización
neoliberal porque considera al mundo como una mercancía otorgando un
enorme poder a los mercados con el solo objeto de obtener ganancias.

Las reformas de las IFI son indisociables de las respuestas a las
preguntas planteadas a continuación:

¿IFI para que tipo de desarrollo?

El desarrollo económico y social debe ser el objetivo prioritario de
las IFI. Nuestro modelo de referencia es el "desarrollo sustentable"
aunque actualmente este término se usa erróneamente. Entendemos que la
puesta en marcha de un desarrollo económico de los recursos naturales
no renovables y del trabajo de los seres humanos, organizando la
equidad intra-generacional e inter-generacional. En otros términos se
trata de promover una economía basada en el respeto al ser humano y a
su medio, de organizar el intercambio entre los pueblos fundado en la
igualdad, la democracia, la libre elección de los pueblos. El
desarrollo sustentable, podría ser, si sus objetivos no fueran
tergiversados, una alternativa al dominio del mercado y a la lógica de
las ganancias.

Implica una ruptura radical con el modelo que actualmente preside las
decisiones de los IFI. El desarrollo sustentable es incompatible con
las actuales propuestas mercantilistas del Grupo de los 7, tales como
la instalación de un mercado de derechos a contaminar del protocolo de
Kyoto que llegaría a aflojar las exigencias que pesan sobre los países
ricos.

¿Qué instituciones y para qué funciones?

Canadá puede participar en la puesta en marcha de esta nueva lógica
económica porque este país continúa siendo todavía  una palanca
operativa que puede instalar otra lógica económica a través de la
fiscalidad, la reglamentación, la justicias, la responsabilidad sobre
la educación, la salud, la protección social, el apoyo a las
innovaciones y a las industrias nacientes, etc.

Las cuatro principales funciones de las IFI

Es necesario tener en cuenta que el nivel nacional no es suficiente
sino que debe combinarse con el nivel internacional. Las funciones
prioritarias de las IFI deberían ser:
1. Organizar  la anulación de la deuda externa de los países que lo
soliciten (y para los cuales es vital).
2. Asegurar a los países que lo necesitan formas y condiciones de
financiamiento que les permitan un desarrollo sustentable.
3. Establecer un dispositivo de prevención y de manejo de las crisis y
proporcionar a los países que lo soliciten asistencia técnica para
protegerse de los capitales especulativos.
4. Ayudar a los países a construir (o a reconstruir) las instituciones
permitiéndoles sustraer sus exportaciones a los imprevistos de la
inestabilidad monetaria y de las cotizaciones de las materias primas.

Aunque nuestras reflexión se halla focalizada en las IFI, no podemos
disociarla del análisis crítico de las demás organizaciones
internacionales, como la OMC , sin relegar a un segundo plano otras
como la CNUCED, el PNUD, la OIT, la FAO y la OMS. Las relaciones
internacionales integran un todo y deben ser objeto de un análisis
conjunto.

El tratado que dio origen a la OMC es un contrato leonino, de tipo
imperial. Es por eso que luchamos contra la OMC, tal como funciona
actualmente y por el reintegro de sus funciones a otras instituciones.
La OMC con su Organo de Resolución de Conflictos, verdadero tribunal
internacional, detenta un poder exorbitante imponiendo la primacía de
los intereses comerciales por sobre cualquier otra consideración. Las
decisiones de la OMC constituyen una violación de los principios
fundamentales de derecho económico, social y ambiental defendidos por
la ONU y la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Resulta
esencial, por ejemplo, que el no respeto de las normas dictadas por la
OIT pueda ser sancionado de modo que el trabajo no siga siendo una
variable de ajuste sometida a los intereses financieros defendidos por
las IFI y la OMC.

Tanto las IFI como la OMC tienen competencias limitadas a las que
deben atenerse. Inversamente la ONU se halla sometida a un conjunto de
textos fundamentales como su Carta, la Convención Universal de los
Derechos del Hombre, la Convención sobre la eliminación de la
discriminación con respecto a las mujeres, el Pacto sobre los Derechos
económicos, sociales y culturales, la Carta de los derechos y los
deberes económicos de los Estados. Las Naciones Unidas son una
organización universal legítima a la que debieran subordinarse las
demás organizaciones internacionales. Esta propuesta  debe concretarse
al mismo tiempo que la necesaria reforma de las Naciones Unidas en
especial a  la puesta en tela de juicio del Consejo de Seguridad, sin
olvidar la lucha contra las tendencias burocráticas que limitan su
eficacia.

Reformar el funcionamiento de las IFI

Las IFI no podrán contribuir a la regulación del sistema financiero
internacional según los principios breve y anteriormente mencionados
si su funcionamiento sigue gobernado por principios que se detallan a
continuación y rompiendo con sus actuales prácticas

Democracia y transparencia

Las IFI de Bretton Woods se caracterizan por su profundo déficit
democrático: estudios y decisiones secretas, concentración del poder
en manos de los países más ricos, ausencia casi absoluta de mujeres en
las instancias de decisión. Una equilibrada participación de las
mujeres  en las instancias de decisión permitirían luchar contra las
desigualdades de género. Una de las prioridades  de la reforma de las
IFI debiera ser la democratización del voto y de las formas de toma de
decisiones, según el principio de las UN (un estado, un voto); una
ponderación en relación a la población aseguraría notablemente el
mínimamente indispensable  equilibrio entre países ricos y países
pobres, entre acreedores y deudores. El segundo eje de la
democratización debería ser establecer un real control de los países a
través de sus parlamentos, con los representantes de la sociedad civil
(ONGs, sindicatos, movimientos de mujeres), sobre los administradores
nacionales de las IFI, mediante la organización de debates públicos y
la publicación de documentos informativos. Es necesario que al menos
el representante de Canadá ante el FMI y el BM y las administraciones
que le imparten instrucciones, rindan cuenta y estén realmente
controladas por los parlamentarios.

Es esencial que la democracia y la transparencia estén igualmente
organizadas a nivel popular en los niveles locales afectados por las
intervenciones de las IFI. La información hacia las sociedades locales
debe ser sistemática. Las intervenciones de las IFI deben ser objeto
de debate y de la intervención parlamentaria nacional. Esto significa
poner en tela de juicio el actual sistema de condicionalidades
contrarias a la idea de cooperación como también al restablecimiento
del equilibrio entre los desiguales vínculos existentes entre países
ricos y países en desarrollo.

Restaurar el equilibrio entre países acreedores y países deudores

El actual funcionamiento de las IFI es totalmente asimétrico puesto
que los poderes de decisión se hallan concentrados en manos de los
países acreedores. Esto significa  que los países deudores soportan
generalmente la carga de los ajustes provocados por los desequilibrios
internacionales de los que no son responsables. Además los países
deudores  no disponen de ningún margen de maniobra para la elección de
sus políticas económicas y sociales. Este exorbitante poder de los
acreedores, característico de las finanzas liberales,  debe ser puesto
en tela de juicio. Es crucial, en consecuencia, que el manejo de las
operaciones de financiación  y de la deuda de los países en desarrollo
se organice sobre una base paritaria, reconociéndose la
co-responsabilidad entre los gobiernos de los países acreedores y la
de los países deudores en la formación de la deuda, Este principio de
igualdad implica especialmente la puesta en tela de juicio de los
mecanismos de funcionamiento de los Clubes de París y de Londres
gerentes de la deuda pública y privada de los países en desarrollo.

Se debe vincular efectivamente las IFI y la OMC a una Organización de
las Naciones Unidas en sí mismas reformadas

Es imprescindible subordinar a las IFI y a la OMC al sistema de las
Naciones Unidas, lo que significa someterlas a un control externo por
una parte y a conducirlas al respeto de principios fundamentales,
superiores a los intereses financieros y comerciales, por la otra.

Reubicar  al trabajo y a las relaciones sociales de la producción en
el centro del debate: así como está planteado el debate sobre la
"cláusula social"  sirve sobre todo para justificar los intereses de
los inversores, dividiendo a los trabajadores del Norte de los del
Sur, sobre explotando a los del Sur y especialmente a las mujeres,
enmascarando la regresión de los derechos adquiridos por los
trabajadores del Norte. La responsabilidad de tomar esta iniciativa
les incumbe principalmente a los sindicatos, especialmente en el marco
de la OIT, conformando  un frente común para la defensa y el avance de
los derechos de los trabajadores con el apoyo de los organismos
específicos.

Esta reforma radical de las IFI y su confrontación con otros
organismos internacionales deberá sortear instancias de evaluación
independientes, exteriores a estas instituciones que deberían
vincularse al sistema de las UN. La posibilidad de ser abordadas por
las partes involucradas y también por los representantes
parlamentarios y de otros sectores de la sociedad civil (sindicatos,
asociaciones, movimientos de mujeres) lo que significaría un
importante paso adelante en la democratización del sistema financiero
internacional. El Banco Mundial, el FMI y la OMC deben integrarse al
marco de las NU fusionándolas con el CNUCED, bajo la tutela del
Consejo Económico y Social de las ONU.

Regionalizar las IFI

La regionalización de las IFI permitirá alcanzar un triple objetivo:
- reducir el excesivo poder del FMI y del Banco Mundial, reducir la
influencia de los EEUU sobre las IFI y acercarlas a los pueblos y a
los gobiernos locales.

Es necesario sin embargo evitar las políticas de bloques formados
alrededor de las grandes potencias  regionales; tales políticas
fortalecerían la inestabilidad  y la competencia entre los pueblos,
como lo demostró la historia de los años 30. La regionalización de las
IFI debe permitirles contribuir más eficazmente a la solución de los
déficit fiscales.

Una estructura policéntrica debería caracterizar la futura
arquitectura de las organizaciones internacionales. Las IFI
regionalizadas, integradas al sistema de las UN, se vincularían entre
sí mediante acuerdos de cooperación y de coordinación. En esta
estructura , el capital del Banco Mundial se repartiría entre los
Bancos regionales de desarrollo. De modo que el Banco Mundial vería
limitado su papel  al de un organismo de garantía, y no acordaría más
préstamos directos. Podría realizarse igualmente la regionalización
del Fondo Mundial para el desarrollo para el que proponemos su
creación con el objeto de financiar el desarrollo sobre la base de
transferencias públicas que obedezcan a una lógica que no esté
determinada por la lógica única del mercado mundial.

La formación de zonas monetarias regionales, como la de Eurolandia con
el euro, es tema de discusión en algunos países emergentes
especialmente en América Latina. El tema es complicado. Se trata por
un lado de contrarrestar la hegemonia del dólar , bajo diversas formas
de "dolarización" especialmente - en sus políticas y en sus monedas.
Su capacidad de negociación con el FMI, en la que predomina la
influencia estadounidense, podría acrecentarse. Pero por otro lado, la
experiencia muestra que la creación de bloques monetarios vinculados a
zonas de libre comercio ("un mercado, una moneda") agrava el riesgo de
inestabilidad  y de competencia internacional, hasta que surja - por
necesidad - una moneda de referencia mundial, la del país convertido
en "líder"  ¿Es acaso deseable para los países emergentes, que sus
monedas regionales - si se logra alcanzarlas - participen de la
inestabilidad general, sin llegar si embargo a acceder al rango de
grandes divisas? Y esto a costa de crecientes sacrificios para las
poblaciones, como ha quedado demostrado, por ejemplo, los costos, en
términos de austeridad para los asalariados como en Europa ha sucedido
con la formación del Euro.

Se sugiere  reflexionar sobre una moneda mundial común, a partir de
las propuestas de Keynes, relanzadas en Bretton Woods por los EEUU que
sirva de referencia a los intercambios externos y a los créditos entre
Estados, conservando estos la soberanía monetaria y la autonomía de su
política monetaria. Una de las condiciones era la ausencia de libertad
de movimiento de los capitales privados.

Crear mecanismos y una instancia de apelación

La regulación mundial no puede ser definida únicamente en términos
institucionales: las cuestiones de derecho tienen su importancia. Es
necesario que las IFI se sometan al derecho internacional,
especialmente a los protocolos y a los acuerdos que han suscripto la
mayoría de los Estados miembros. Se pueden regular la economía y los
intercambios partiendo del respeto  a los derechos, tanto a los
derechos civiles y políticos como a los civiles, económicos  sociales
y culturales. Esta referencia a los derechos fundamentales se vuelve
cada día más central en las movilizaciones y las reivindicaciones de
los movimientos sociales del mundo.

Con el objeto de asegurar el respeto a los derechos y la consideración
de los derechos económicos, sociales y culturales en la regulación de
las economías nacionales y mundial, se debe avanzar en dos
direcciones: en primer lugar admitir la sumisión a la justicia de los
derechos económicos, sociales y culturales, es decir que una persona
física o jurídica tiene el derecho  de exigir reparaciones a la
justicia si sus derechos son violados; en segundo lugar establecer
instancias de apelación de nivel internacional capaces de juzgar estas
situaciones.

En tal perspectiva y con el objeto de reducir  el actualmente excesivo
poder de las IFI y reintegrar dicho poder a los Estados y  a los
ciudadanos a escala internacional, es necesario implementar la
posibilidad de que los estados y los ciudadanos puedan apelar ante
jurisdicciones internacionales en los casos de violación de tratados o
la falta de respeto de derechos fundamentales. Es necesario
transformar el marco jurídico en que funcionan las jurisdicciones
internacionales  con el objeto de permitir a la sociedad civil
(ciudadanos y sus asociaciones) actuar ante la justicia en las
jurisdicciones nacionales como en el escalón internacional contra los
estados, las empresas o las organizaciones internacionales.

Reformar la intervención de las IFI

A los cambios institucionales propuestos para las IFI deben
corresponderse también nuevas prácticas. Es necesario, en efecto, que
las IFI sean copducidas a transformar radicalmente  sus intervenciones
con el objeto de cumplir adecuadamente con las cuatro funciones
anteriormente mencionadas, que les han sido asignadas.

En tal sentido las prioridades de las IFI recuperan los objetivos de
estabilidad financiera y de financiación del desarrollo que habían
sido inicialmente los fundamentos de los acuerdos de Bretton Woods.

Para más detalles:
http://attac.org/quebec o quebec@attac.org


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2. Sin movimiento social no hay política social
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Pierre Bourdieu

Los gobiernos socialdemócratas, que son mayoría en Europa, están
liquidando las conquistas sociales · Es preciso, entonces, diseñar
otras formas de lucha contra la precarización a nivel internacional.
Los sindicatos tienen un rol clave en la creación de nuevas
solidaridades que trasciendan los límites de cada país

Cuando uno habla de Europa, no es fácil que lo entiendan. El campo
periodístico, que filtra e interpreta todos los discursos según su
lógica más típica, la del "a favor o en contra", intenta imponer a
todos la débil opción que se le impone a él: estar "a favor" de
Europa -es decir, ser progresista, moderno, liberal- o no estarlo -y
condenarse al arcaísmo, al pasatismo, al lepenismo, casi al
antisemitismo... Como si no hubiera otra opción legítima que la
adhesión incondicional a Europa tal como es y se prepara a ser:
reducida a un banco y una moneda única y sometida al imperio de la
competencia sin límites.

Para eludir esta alternativa grosera no basta con hablar de una
"Europa social". Aquellos que, como los socialistas franceses, han
apelado a este señuelo retórico, sólo llevan a un grado de ambigüedad
superior las estrategias del "social-liberalismo" a la inglesa, ese
thatcherismo apenas rebajado que para venderse utiliza en forma
oportunista el simbolismo, reciclado mediáticamente, del socialismo.
Es así como los socialdemócratas que hoy están en el poder en Europa
pueden contribuir, en nombre de la estabilidad monetaria y el rigor
presupuestario, a liquidar las conquistas sociales más admirables de
los dos últimos siglos y destruir la esencia misma del ideal
socialista: grosso modo, la ambición de reconstruir en forma colectiva
las solidaridades amenazadas por el juego de las fuerzas económicas.
Así, trabajan para inventar el "socialismo sin lo social", que asesta
el golpe de gracia a la esperanza socialista tras las "experiencias"
criminales del "sovietismo" que les sirven de coartada.

Para quienes podrían juzgar excesivo este cuestionamiento, he aquí
algunas preguntas: ¿no es tristemente significativo que, cuando su
acceso casi simultáneo a la conducción de numerosos países europeos
abre a los socialdemócratas la oportunidad de concebir en común una
verdadera política social, no se les ocurre ni siquiera explorar las
posibilidades de acción política que se les ofrecen en materia fiscal,
de empleo, formación o vivienda social? ¿No es revelador que no
intenten siquiera contrarrestar el proceso de destrucción de las
conquistas sociales del Estado de Bienestar, por ejemplo instaurando
en la zona europea normas sociales comunes en materia de salario
mínimo, jornada laboral o formación profesional de los jóvenes? ¿No es
chocante que se reúnan para fomentar el funcionamiento de los
"mercados financieros", en vez de controlarlos con medidas colectivas
como la instauración de un régimen tributario internacional del
capital (con particular incidencia en los movimientos especulativos a
corto plazo) o la reconstrucción de un sistema monetario que garantice
la estabilidad de las relaciones entre las economías? ¿Y no es difícil
aceptar que el exorbitante poder de censura de las políticas sociales
que se les otorga a los "guardianes del euro" impide financiar un gran
programa público de desarrollo económico y social europeo en el campo
de la educación, la salud y la seguridad social?

El espectro de la mundialización: Es evidente que, dado lo
preponderante que son los intercambios comerciales intraeuropeos en el
conjunto de los intercambios de los diferentes países de Europa, los
gobiernos de estos países podrían implementar una política común
destinada a limitar la competencia intraeuropea y resistir en forma
colectiva la competencia de las naciones no europeas y, en particular,
las imposiciones estadounidenses. Esto, en lugar de invocar el
espectro de la "mundialización" para que se acepte el programa
regresivo que el empresariado viene promoviendo desde los años
setenta: reducción de la intervención pública, movilidad y
flexibilidad de los trabajadores, ayuda pública a la inversión privada
mediante asistencia fiscal, reducción de los aportes patronales,
etcétera. En pocas palabras, al no hacer prácticamente nada en favor
de la política que profesan, a pesar de que están dadas todas las
condiciones para que puedan concretarla, revelan claramente que no
quieren esta política.

La historia enseña que no hay política social sin un movimiento social
capaz de imponerla (y que no es el mercado, como se intenta hacer
creer hoy, sino el movimiento social el que "civilizó" la economía de
mercado, contribuyendo así en gran medida a su eficacia). Así, para
quienes realmente quieren oponer una Europa social a una Europa de los
bancos y la moneda, flanqueada por una Europa policial, penitenciaria
y militar, la cuestión es saber cómo movilizar las fuerzas capaces de
llegar a este fin y a qué instancias pedirles el trabajo de
movilización. Evidentemente, pensamos en la Confederación Europea de
Sindicatos. Pero nadie contradecirá a los especialistas que, como
Corinne Gobin, muestran que el sindicalismo a nivel europeo se
comporta como "socio" preocupado por participar en el decoro y la
dignidad de la gestión de los asuntos europeos, llevando adelante una
acción de lobbying según las normas del "diálogo", caro a Jacques
Delors. No se puede negar que casi no se esforzó por obtener los
medios para contrarrestar eficazmente los designios del empresariado
(organizado en la Unión de Confederaciones de la Industria y los
Empleadores Europeos) e imponerle, con las armas clásicas de la lucha
social -huelgas, manifestaciones-, verdaderas convenciones colectivas
a escala europea.

No pudiendo esperar de la Confederación Europea de Sindicatos que se
pliegue por ahora a un sindicalismo resueltamente militante, es
forzoso recurrir primero, provisoriamente, a los sindicatos
nacionales. Pero sin pasar por alto los obstáculos inmensos a la
"conversión" que deberán hacer para escapar a la tentación
tecnocrático-diplomática a nivel europeo y a las rutinas que tienden a
encerrarlos en los límites de lo nacional. Y esto, en un momento en
que, bajo el efecto de la política neoliberal y las fuerzas
abandonadas a su lógica -por ejemplo, con la privatización de grandes
grupos de trabajo y la multiplicación de los "pequeños trabajos"
aislados en el área de servicios, temporarios y de tiempo parcial-,
las bases mismas de un sindicalismo de militantes se ven amenzadas,
como lo testimonian la caída de la sindicalización y la débil
participación de los jóvenes, sobre todo los nacidos de la
inmigración, que suscitan tantas inquietudes y que casi nadie sueña
con movilizar.

Rupturas radicales: El sindicalismo europeo que podría ser el motor de
una Europa social debe ser inventado, y no puede serlo más que al
precio de toda una serie de rupturas más o menos radicales: ruptura
con los particularismos nacionales de las tradiciones sindicales,
siempre encerradas en las fronteras de los estados, de los que esperan
los recursos indispensables para su existencia y que delimitan sus
objetivos y campos de acción; ruptura con un pensamiento concordatario
que tiende a desacreditar el pensamiento y la acción críticos y a
valorar el consenso social al punto de alentar a los sindicatos a
participar de una política tendiente a hacer que los dominados acepten
su subordinación; ruptura con el fatalismo económico, alentado por el
discurso mediático-político sobre las necesidades ineluctables de la
"mundialización", el imperio de los mercados financieros y hasta la
conducción misma de los gobiernos socialdemócratas que, al prolongar
la política de los gobiernos conservadores, hacen que ésta aparezca
como la única posible; ruptura con un neoliberalismo hábil para
presentar las exigencias inflexibles de contratos de trabajo leoninos
bajo la apariencia de la "flexibilidad" (por ejemplo, con
negociaciones sobre la reducción del horario de trabajo y la ley de
las 35 horas, que encierran todas las ambigüedades de una relación de
fuerzas cada vez más desequilibrada); ruptura con un
"socialiberalismo" de gobierno propenso a dar a las medidas de
desregulación que favorecen las exigencias patronales la apariencia de
conquistas de una verdadera política social.

Este sindicalismo renovado convocaría a agentes movilizadores animados
de un espíritu internacionalista y capaces de superar los obstáculos
vinculados a las tradiciones jurídicas y administrativas nacionales y
a las barreras que separan las ramas y categorías profesionales, las
clases de género, edad y origen étnico. Es paradójico que los jóvenes,
en especial los provenientes de la inmigración -tan presentes en los
fantasmas colectivos del miedo social-, tienen en las preocupaciones
de partidos y sindicatos progresistas un lugar inversamente
proporcional al que les acuerda en toda Europa el discurso sobre la
"inseguridad". ¿Cómo no esperar una suerte de internacional de los
"inmigrantes" que una a turcos, kabilas y surinamitas en la lucha que
podrían encabezar, junto a los trabajadores europeos, contra sus
empleadores y las fuerzas económicas dominantes, que son tan
responsables de su emigración? Quizá las sociedades de inmigración
ganarían mucho si, objetos pasivos de una política securitista, estos
jóvenes "inmigrantes" -que en verdad son ciudadanos europeos-, a
menudo desarraigados y excluidos de las organizaciones de
contestación, y sin otra salida que la sumisión resignada, el delito o
los tumultos suburbanos, se transformaran en agentes de un movimiento
social constructivo.

Para desarrollar en cada ciudadano la disposición internacionalista
que hoy es condición de toda estrategia eficaz de resistencia hay que
imaginar una serie de medidas, como instaurar en cada organización
sindical instancias que traten con las organizaciones de otras
naciones para recoger y hacer circular la información internacional;
establecer reglas de coordinación en materia de salario, condiciones
de trabajo y empleo; instituir paridades entre sindicatos de iguales
categorías profesionales o de regiones fronterizas; fortalecer, en las
empresas multinacionales, comisiones internacionales capaces de
resistir las presiones atomizantes de las direcciones centrales;
promover políticas de reclutamiento dirigidas a los inmigrantes, que
se convertirían en agentes de resistencia y cambio, y dejarían de ser
usados como factores de división e incitación al pensamiento
nacionalista o racista; realizar la "conversión de los espíritus"
necesaria para vincular las reivindicaciones en el trabajo con las
exigencias en materia de salud, vivienda, transporte, formación y
ocio, y para reclutar y resindicalizar los sectores tradicionalmente
desprovistos de medios de protección colectiva (servicios, empleo
temporario).

La verdadera unión europea: Pero no se puede prescindir de un
objetivo: la construcción de una confederación sindical europea
unificada. Esto es indispensable para orientar las innumerables
transformaciones colectivas e individuales que serán necesarias para
"hacer" el movimiento social europeo. Aunque hay que tener cuidado de
no pensar el movimiento social europeo del futuro según el modelo del
movimiento obrero del siglo pasado. La estructura social de las
sociedades contemporáneas experimentó cambios profundos, entre los
cuales el más importante es la disminución, en la industria, de los
obreros frente a los "operadores", quienes, más ricos en capital
cultural, podrán concebir nuevas formas de organización, nuevas armas
de lucha y nuevas solidaridades.

No hay condición previa más absoluta para construir un movimiento
social europeo que el repudio de las formas habituales de pensar el
sindicalismo, los movimientos sociales y las diferencias nacionales.
No hay tarea más urgente que inventar las nuevas formas de pensar y
actuar que impone la precarización. Fundamento de una nueva forma de
disciplina social, nacida del temor al desempleo, la precarización
generalizada puede originar solidaridades de un tipo nuevo, en
especial cuando suceden crisis particularmente escandalosas, que
adoptan la forma de despidos masivos impuestos por el deseo de ofrecer
suficientes ganancias a los accionistas de las empresas. El nuevo
sindicalismo deberá apoyarse en las nuevas solidaridades entre
víctimas de la precarización, las profesiones de la salud y la
comunicación, así como entre los empleados y los obreros. Y deberá
esforzarse por producir un análisis crítico de las estrategias, a
menudo sutiles, con las que colaboran ciertas reformas de los
gobiernos socialdemócratas y que pueden resumirse en el concepto de
"flexplotación": reducción de las horas de trabajo, multiplicación de
los empleos temporarios y de tiempo parcial. Análisis difícil de
realizar ya que, por una suerte de efecto de armonía preestablecida,
las estrategias ambiguas son ejercidas a menudo por víctimas de
estrategias similares: docentes precarios a cargo de estudiantes
marginalizados y destinados a la precariedad, trabajadores sociales
sin garantías sociales que deben asistir a poblaciones de las que se
hallan muy próximos.

Pero es necesario también terminar con otros preconceptos que
desalientan la acción, como la oposición que formulan algunos
politólogos entre "sindicalismo protestario" y "sindicalismo de
negociación". Esta representación desmovilizadora impide ver que las
conquistas sociales sólo pueden obtenerse mediante un sindicalismo
capaz de movilizar la fuerza de contestación necesaria para
arrancarles al empresariado y a las tecnocracias verdaderos avances
colectivos y para negociar e imponer los compromisos y las leyes que
los vuelvan duraderos. Hoy es su incapacidad para unirse en torno a
una utopía racional (que podría ser una verdadera Europa social) y la
debilidad de su base militante lo que impide a los sindicatos superar
los intereses de corto plazo y dar toda su fuerza -especialmente
integrando a los desocupados- a un movimiento social capaz de combatir
los poderes económico-financieros en el lugar de su ejercicio, ahora
internacional. Los movimientos internacionales recientes, entre los
cuales la marcha europea de los desempleados es sólo el más ejemplar,
son los primeros signos del descubrimiento colectivo de la necesidad
vital del internacionalismo o, mejor aún, de la internacionalización
de los modos de pensamiento y de las formas de acción.

Pierre Bourdieu fue sociólogo, profesor del College de France.
Traducción de Elisa Carnelli.


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3. Tribunal Internacional de los Pueblos sobre la Deuda
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Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil - 1 y 2 de febrero de 2002

Por iniciativa de la red internacional Jubileo Sur, junto con la
Campaña Jubileu Sul Brasil, la Asociación Americana de Juristas, el
Comité por la  Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, Kairos- Canada,
Jubilee USA Network, Alianza de los Pueblos del Sur Acreedores de la
Deuda Ecológica, Ustawi y la Marcha Mundial de Mujeres, entre tantas
otras, se reunió, en Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, como
parte del II Foro Social Mundial, el Tribunal Internacional de los
Pueblos sobre la Deuda.

Promovido por los Movimientos sociales, Iglesias, Sindicatos,
Organizaciones profesionales, Ongs, organizaciones feministas,
partidos políticos y personalidades destacadas que constituyen Jubileo
Sur en 45 paises de America Latina, el Caribe, Africa, Asia y el
Pacifico, y con el apoyo de aliados del Norte, el Tribunal
Internacional de los Pueblos sobre la Deuda se reunió con el objetivo
primero de determinar y juzgar la responsabilidad de los Bancos y
Corporaciones transnacionales, los Gobiernos de Norte, el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones
financieras internacionales por el delito de endeudar ilegítimamente a
los países y pueblos del Sur, generando un alto costo de vidas humanas
y la destrucción de la capacidad productiva y la calidad de vida de
los pueblos, con el aumento de la pobreza, la mortalidad infantil, la
exclusión social y los graves daños económicos y al medio ambiente.
Además de evidenciar la ilegitimidad de la deuda, identificar los
principales responsables y sus respectivos papeles, el Tribunal asumió
el objetivo de proponer vías alternativas de repudio y anulación de la
deuda.

Este es un Tribunal de opinión, no una corte de justicia. Sin embargo,
respeta una argumentación y documentación rigurosas, apoyado en la
diversidad de las tradiciones judiciales y éticas. A partir de una
acusación
basada en un amplio material documentado y de testimonios presentados
por hombres y mujeres de pueblos de todo el Sur, en tres sesiones, el
Jurado Popular, formado por representantes sociales de diferentes
países, llego al siguiente
VEREDICTO:

CONSIDERANDO

1. QUE según estudios y datos la deuda de los países del Sur ya fue
paga con creces, y por eso, además de ser impagable, es ilegítima,
injusta e inmoral.

2. QUE la deuda externa, además de un problema económico, es un
problema ético, político, social, histórico y ecológico, abarca
responsabilidades de distintos niveles y exige una acción inmediata.

3. QUE el pago de los servicios de la deuda externa significa una
transferencia neta de recursos del Sur hacia el Norte. En 1998, los 41
países mas pobres y mas endeudados transfirieron al Norte 1.680
millones de dólares mas de los que recibieron. En el mismo año, el
conjunto de los países del Tercer Mundo engrosaron las arcas publicas
y privadas de los países mas industrializados con 114.600 millones de
dólares.

4. QUE los pueblos del Sur han transferido para el Norte, de 1981
hasta el año 2000, 3.450 mil millones de dólares, lo que corresponde a
seis veces lo que debían en 1981 (567 mil millones) y todavía deben 2
millones de millones de dólares.

5. QUE la política de corte neoliberal provoca un crecimiento
exponencial de la deuda externa que impide políticas sociales y
compromete gravemente la soberanía política de los países del Sur.

6. QUE la decisión unilateral de los EE.UU. en el fin de los años 70
de aumentar la tasa de intereses del nivel histórico de 4 a 6 por
ciento a mas de 20 por ciento en pocos meses, significo una traición
de la buena fe de contratos y, además de haber forzado a los países
deudores a tomar préstamos para pagar los intereses, ocasiono un pago
extra que significó una perdida de U$S 106 mil millones para América
Latina.

7. QUE hay un vinculo entre la deuda externa, el excesivo
endeudamiento publico interno y la búsqueda de capital externo de
corto plazo, sometiendo los países de Sur a una política de altísimas
tasas de interés.

8. QUE los gobiernos de los países de Sur, por concebir el sistema
financiero como un fin absoluto, sacrificaron la parte del presupuesto
dedicado a gastos de políticas sociales y de dinamización de la misma
economía interna para mantener al día el pago de las deudas
financieras, teniendo como resultado el abandono de la salud, de la
educación, de las políticas de empleo, de vivienda popular, de
demarcación y garantía de las tierras de los pueblos indígenas y de
sus condiciones de supervivencia como pueblos, de valorización de los
ancianos y de los niños, de realización de reforma agraria, de
conservación y recuperación del medio ambiente.

9. QUE las políticas económicas y de ajuste del FMI se mostraron
desastrosas para los países que se sometieran a ellas y sirven para
aumentar todavía mas la deuda externa y los otros pasivos externos de
esos países, forzando una moratoria sin fin de las deudas sociales y
ambientales, de las que son acreedores los niños y niñas, los pueblos
indígenas, las mujeres y hombres trabajadores de campo y de la ciudad,
los negros y negras y la naturaleza.

10. QUE el endeudamiento de esos países fue constituido por gobiernos
dictatoriales, y por eso ilegítimos y antipopulares, y que los
acreedores, además de haber sido cómplices, tenían conciencia de los
riesgos que implicaba esos prestamos.

11. QUE la expansión de la deuda esta relacionada con las élites de
los países del Sur que, en toda la historia y actualmente, han sido
complacientes con las instituciones financieras del exterior, tanto
privadas y oficiales como también multilaterales.

12. QUE los países del Norte tienen con el Sur una deuda ecológica por
el histórico saqueo de sus recursos, por la apropiación intelectual de
los conocimientos ancestrales, por el uso y degradación de las mejores
tierras, agua y aire para proyectos de exportación que amenazan la
soberanía alimentaria, producción de desechos tóxicos que ponen en
riesgo la supervivencia de los pueblos.

13. QUE la deuda externa constituye una violación permanente sobre los
derechos económicos, sociales y culturales establecidos por las NU en
1966, que exige el reconocimiento de cada nación a la
autodeterminación, al desarrollo económico asi como también a la libre
disposición de sus riquezas y recursos naturales, y además que en
ningún caso podrá un pueblo ser  privado de sus propios medios de
subsistencia.

Los integrantes del jurado del Tribunal Internacional de los Pueblos
sobre la Deuda deciden, por unanimidad:

1. La Deuda Externa de los Países del Sur, por haber sido constituida
fuera de los marcos legales nacionales e internacionales, y sin
consulta a la sociedad, por haber favorecido casi exclusivamente las
elites en detrimento de la mayoría de la población, y por herir la
soberanía nacional, es ilegítima, injusta e insustentable ética,
jurídica y políticamente.

2. Los acusados, Bancos y corporaciones transnacionales, Gobiernos del
Norte, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, otras
instituciones financieras internacionales y sus colaboradores en el
Sur, son autores, coautores, cómplices o encubridores de los
siguientes delitos y crímenes cometidos:

a) captar parasitariamente el patrimonio natural y demás recursos del
Sur para satisfacer el pago de la Deuda Externa, instrumento político,
ideológico y económico de explotación sobre nuestros pueblos;

b) mantener y favorecer el intercambio desigual que contribuyo al
aumento de la Deuda Externa, contribuyendo al aumento de la extracción
y producción de materia prima vendida a precios muy bajos y a su vez
la importación de productos industrializados comprados a precios
sumamente elevados, intercambio desigual que se vio favorecido por los
subsidios que los países ricos mantienen;

c) cobrar intereses usurarios que hicieron que la Deuda Externa
aumentara de manera exponencial, en lugar de disminuir, a pesar del
flujo de pagos por parte de los países del Sur;

d) realizar operaciones fraudulentas entre los grandes bancos
transnacionales y empresarios de países del Sur, simulando deudas
inexistentes, a través de mecanismos especulativos que en lugar de
favorecer la producción, sirvieron para el enriquecimiento de pocos
pues esas deudas simuladas fueron nacionalizadas;

e) aplicar las políticas de ajuste estructural y otras políticas
económicas que obligan a nuestros Estados a procesos de privatización
de los recursos naturales y servicios esenciales y a destinar el
dinero que debe ser invertido en obras sociales, o reactivación
económica, al pago de la deuda;

f) apoyar a regímenes dictatoriales o criminales a través de préstamos
que los sostienen y enriquecer ilícitamente a los dictadores, a pesar
del rechazo de los pueblos oprimidos y la sanción por parte de
organismos de las Naciones Unidas o de derechos humanos;

g) aplicar en forma perversa los recursos de las deudas contraídas,
destinándolos a enriquecer a los gobernantes, a favorecer gastos
suntuarios y depositarlos en bancos extranjeros, en lugar de
destinarlos a obras sociales;

h) forzar la imposición de programas de integración económica que se
caracterizan por favorecer únicamente los intereses de las empresas
transnacionales de los países industrializados del Norte y por violar
a los derechos fundamentales y colectivos de los pueblos;

i) imponer condiciones políticas y económicas recesivas en los países
deudores para consentir la renegociación de la deuda;

j) seguir cobrando una deuda que ya se ha pagado con creces, es decir
cometiendo el delito de estafa;

k) violar el Derecho Internacional y sus normas y cuerpos legales,
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 169
de la OIT sobre los pueblos indígenas, la Convención para la
eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres,
el derecho a la autodeterminación de los Pueblos, entre muchos otros,
y las leyes nacionales;

l) fomentar y manejar un complot internacional entre los acusados para
saquear y expoliar a los pueblos del Tercer Mundo, para lo cual han
cometido sistemáticamente los crímenes anteriormente mencionados;

m) cometer el crimen de genocidio y crímenes contra la humanidad.

El jurado solicita al Tribunal que dicte la sentencia condenando a los
acusados por la comisión de todos o algunos de los delitos y crímenes
cometidos y mencionados en este veredicto. Solicita además que declare
a la DEUDA EXTERNA como inexistente, y por eso extinta, por ser
odiosa, infame, ilegal, usurera, injusta, fraudulenta, ilegitima y
causante de la perdida de soberanía nacional y de la calidad de vida
de la mayoría de la población del Sur.

A la vez solicita al Tribunal que acepte las siguientes
recomendaciones:

- Hacer un llamado a la unión  todos los ciudadanos presentes en este
foro, a los pueblos del Sur y a aquellos ciudadanos de los países del
Norte solidarios con las causas de los pueblos a realizar campaña para
asegurar la cancelación y el repudio de la Deuda Externa.

- Iniciar procesos soberanos de auditorias independientes de las
deudas externas en nuestros países a fin de hacer una verificación
contable y jurídica y establecer si existe aun una deuda a pagar, así
como a establecer procedimientos participativos y democráticos de
control sobre el endeudamiento.

- Pedir a los Parlamentos de los países endeudados que investiguen el
manejo que hicieron los responsables por generar la deuda y hacerlos
legalmente responsables ante la justicia.

- Exigir la restitución de las riquezas extraídas del Sur así como el
pago por los daños causados por la misma.

- Demandar la devolución a los pueblos de las riquezas ilegítimamente
habidas por las dictaduras, los gobiernos corruptos y las empresas
transnacionales cómplices de estos hechos.

- Sostener campañas por la dignidad y soberanía a fin de no permitir
acuerdos económicos multilaterales o bilaterales que atenten contra el
bienestar de los pueblos, incluyendo los acuerdos con el FMI o con
Instituciones Financieras Internacionales.

- Proponer a los gobiernos la unión a favor de esta causa común y
hacer lo necesario al fin de que solicite a la Corte Internacional de
la Haya una opinión consultiva sobre la ilegitimidad de la deuda
externa, y suspender todos los pagos de intereses de la Deuda.

- Proponer a los gobiernos que esos intereses sean utilizados
exclusivamente en programas para el desarrollo sustentable para la
vida de los pueblos.

- Acompañar los procesos locales y nacionales, que buscan la creación
de sociedades sustentables desde el punto de vista económico,
alimenticio, energético, ambiental, equitativo e igualitario.
- Apoyar la campaña por el reclamo de la Deuda Ecológica, que es la
responsabilidad y obligación que tienen los estados del Norte, las
corporaciones transnacionales, la banca multilateral y otras
instituciones financieras privadas por la destrucción ambiental en el
Sur.

- Entregar las conclusiones de este Tribunal a los principales
acusados y pedirles que responden a ellas en un tiempo determinado.

- Acompañar los procesos legales que sigan a este veredicto por parte
de los demandantes a los acusados plenamente identificados, declarados
culpables por este tribunal, para evitar que estos crímenes cometidos
queden en la impunidad. Denunciar a los gobiernos corruptos que han
permitido el saqueo de sus pueblos.

- Constituir una comisión global sobre la deuda con el mandato de
investigar e identificar a los responsables de perpetuar la deuda
ilegítima e impulsar iniciativas que los lleven ante la justicia.

- Notificar a las Naciones Unidas y a los cuerpos internacionales y
regionales exigiendo la consideración de la elaboración de
instrumentos para asegurar la plena vigencia de los derechos humanos
universales por encima de todo reclamo en materia de servicio de la
deuda.

El Jurado eleva al Tribunal el presente Veredicto, buscando justicia
para los pueblos del Sur y toda la humanidad. Este es un paso en una
larga marcha. Esta es nuestra decision. Que se publique y se difunda.

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, 2 de febrero de 2002

Miembros del Jurado:
Adolfo Perez Esquivel (Premio Nobel de la Paz, ARGENTINA),
Dennis Brutus (Poeta, SUDAFRICA),
Pedro Ross (Central de Trabajadores de CUBA),
Yvonn Yanez (Alianza de los Pueblos del Sur Acreedores de la Deuda
Ecológica, ECUADOR),Rosemary Nyerere (Miembro de Parlamento, TANZANIA)
Marie Frantz Joachim (Marcha Mundial de las Mujeres,HAITI)
Samba Tembile (Campamento Internacional de la Juventud, MALI),
Rogate Mshana (Consejo Mundial de Iglesias, TANZANIA)
Sekou Diarra (Jubilee 2000, MALI),
Shelly Emalyn Rao (Consejo de Investigaciones Económicas y Sociales,
FIDJI).
"Por un milenio sin deudas"
JUBILEO SUR/AMERICAS
Secretaria regional Argentina
www.jubileesouth.net


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4. La Tasa Tobin es realizable

Bonn, 20/2/2002

Organization: World Economy, Ecology and Development

Informe del Ministerio alemán de Desarrollo:

 "Es un gran paso adelante", dice Peter Wahl, experto en mercados
financieros de la ONG alemana WEED (World Economy, Ecology and
Development) [Economía, Ecología y Desarrollo Mundial] y de ATTAC
Alemania. "El informe refuta las principales objeciones a la Tasa
Tobin y muestra que una tasa de este tipo es realizable. Ya no vale el
"Si....", hay que plantearse el "cómo ponerla en práctica"

La ministra alemana de Desarrollo, señora Wieczorek-Zeul ofrece la
introducción al informe, realizado por Paul B. Spahn, un economista
financiero, que antes trabajaba para el FMI, en una conferencia
celebrada en Berlín ayer. El informe sugiere - en el ámbito de la Tasa
Tobin - esta salvedad-, que, incluso, tanto los países en desarrollo,
como los industrializados que se encuentran fuera de las zonas de gran
flujo financiero, pueden optar por una tasa de este tipo, puesto que
la simple implementación de la misma protegería de maniobras
especulativas y de ataques.

El informe señala, asimismo, que no es preciso que todos los países
participen, para aplicar la Tasa Tobin, sino que ésta puede ser
adoptada por "por países aislados, de la OECD o - aún mejor- por un
grupo de países, por ejemplo, la Unión Europea", explica Spahn.

"Los movimientos internacionales contrarios a la globalización
corporativa dirigida, pueden obtener una importante victoria con los r
esultados de este estudio", dice Hahl "ahora hace falta que la Unión
Europea suba los primeros peldaños. Solicitamos al gobierno alemán que
tome la iniciativa, especialmente el grupo de trabajo franco-alemán
creado por Schroeder y  Jospin debe aprovechar la oportunidad e
introducir la Tasa en la eurozona"

NOTA:  Por razones de espacio y de la importancia del material que hoy
se publica se ha omitido la sección LATINOAMÉRICA en el presente
Informativo
S.M.




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